En un caso emblemático de corrupción durante su mandato, el ex gobernador llegó a estar procesado. La Cámara anuló el fallo y devolvió la causa a la instrucción. Ahora interviene el STJ porque, según la Fiscalía, la Cámara debió resolver la situación procesal del ex funcionario y no dejarla en suspenso.
La situación procesal del ex gobernador Hugo Cóccaro en torno al escándalo por la operatoria con Letras de Tesorería llegó a la instancia del Superior Tribunal de Justicia.
El máximo órgano judicial deberá resolver ahora un planteo de la Fiscalía, acerca de si la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones debió definir si confirmaba el procesamiento, sobreseía o dictaba la falta de mérito del ex funcionario, cuando revisó un fallo de primera instancia en 2011.Cóccaro fue procesado en la causa por una resolución del juez Javier De Gamas Soler, quien lo consideró coautor de peculado por firmar los decretos que posibilitaron los pagos con letras a la empresa Gualdesi Hermanos, cuando hay sospechas de que se trató de operaciones ficticias con un perjuicio al Estado de 8,2 millones de pesos.
La Cámara de Apelaciones anuló la decisión de De Gamas Soler y marcó falencias en esa parte de la investigación, aunque no definió la situación del ex gobernador y simplemente le volvió a remitir el caso al juez para que realice un nuevo pronunciamiento.
El expediente llegó en casación al STJ porque, según la Fiscalía, la Cámara debió fijar una postura y dictar una medida que resolviera el estado de Cóccaro respecto del proceso.
El caso tuvo otra demora en 2011 porque cuando los camaristas anularon el procesamiento, el ex mandatario criticó a De Gamas Soler y lo acusó de actuar en función de “intereses políticos”.
El magistrado se excusó entonces de seguir interviniendo en la causa, pero tanto la jueza María Cristina Barrionuevo primero, como el mismo STJ después, rechazaron ese pedido y dispusieron que las actuaciones siguieran en manos del mismo juez.
Así y todo, dos años después (y a cinco años de sucedidos los hechos investigados) la Justicia sigue sin determinar si existió o no responsabilidad de la máxima autoridad de la provincia en un caso emblemático de corrupción que tampoco fue juzgado todavía en una audiencia oral y pública.
Mala letra
La causa Gualdesi, denunciada por la actual gobernadora Fabiana Ríos en 2008, ya tiene procesamientos firmes contra el ex ministro de Economía, Raúl Berrone, la ex secretaria Ana Esparza y el ex contador Alfredo Iglesias, además de los empleados Horacio Medone, María Lorenza Moreno y Juan Carlos Pacheco y dos comerciantes de la firma proveedora.
También fueron procesados el secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, a quien se le imputa haber levantado las observaciones que luego posibilitaron el pago de los expedientes, y el empleado de planta Isidro Ferreyra, quien habría conformado las facturas de la operatoria.
De Gamas Soler emitió un primer pronunciamiento sobre el caso el 18 de noviembre de 2008. En esa resolución se describió el presunto desvío de 8.202.315 pesos a cambio de mercadería que nunca se habría entregado.
El juez dio por demostrado que los implicados falsificaron 18 facturas tipo B y remitos, además de alterar, suprimir y modificar otros documentos administrativos, con el fin de hacer figurar como legal, una operación que nunca se habría llevado a cabo.
Para ello, y según el magistrado, los responsables de Gualdesi reclamaron por carta documento una deuda inexistente, mientras que los funcionarios agregaron documentos falsos para “acreditar” la operatoria.
También se comprobó que el expediente administrativo fue iniciado con facturas originales emitidas en el año 2006, con el fin de engañar a los organismos de control. Y que después se habrían cambiado las facturas reales por las falsas.
“Estamos en condiciones de afirmar que entre el 29 de junio y el 1 de noviembre de 2007 se cambiaron las facturas originarias por las copias que actualmente están agregadas al expediente”, afirma el juez en la resolución judicial de 2008. Y agrega que luego fueron sustituidos otros cuatro documentos porque “la descripción de las facturas anteriores no coincidía con las actuales imitaciones”.
Según De Gamas, “las notas neurálgicas para la consumación de la maniobra fueron confeccionadas en la computadora que utilizaba” uno de los acusados.
“Resulta hasta ridículo discutir si se concretó o no la prestación, pues más allá de que se la intenta justificar con documentos totalmente apócrifos y explicaciones absurdas, la deuda nunca fue registrada en los estados contables de la firma Gualdesi, tal como se desprende del peritaje contable realizado en autos”, razona el juez. Y concluye que “a esta altura podemos afirmar entonces que no sólo se han falsificado las facturas y remitos que hoy están glosados al expediente de pago, sino que además los documentos se fueron alterando, suprimiendo, modificando y agregando según resultaba conveniente a los oscuros intereses perseguidos por los imputados”.
“Es tal el desprecio a las instituciones que denota el accionar de los imputados que ya ni siquiera se tomaban la molestia de reimprimir la documentación (insisto: material o ideológicamente falsa) al efectuar alguna sustracción o modificación en el expediente de modo que la foliatura sea correlativa”, señala también el mismo magistrado.
Luego ese fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones y la causa fue elevada a juicio, aunque en forma paralela se siguió investigando la responsabilidad de otros funcionarios, como la del ex gobernador Cóccaro.
Por otra parte, el escándalo con Letras de Tesorería tiene otro caso emblemático conocido como “la causa Arrébola”. Allí fueron procesados Medone, Iglesias, Moreno, la ex agente contratada Ana María Danna, además del ex ministro Horacio Sosa y el comerciante Ariel Arrébola, todos acusados de un fraude de 1.753.530 pesos con 94 centavos.
Fuente Diario Fin del Mundo.
