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miércoles, diciembre 01, 2010

“O hay delito para todos, o no hay delito para nadie” Dr. Enrique Vallejos ...

El ex Ministro Coordinador de la gestión Cóccaro, Dr. Enrique Vallejos, explicó su participación en el expediente de la causa Gualdesi, por la cual se encuentran procesados varios ex funcionarios, entre ellos el propio Hugo Cóccaro.
Indicó que intervino “a los efectos de solicitar formalmente al gobernador la derogación del convenio de referencia, mediante la derogación del pertinente decreto a los fines de que intervenga el Ministerio de Economía, que por entonces estaba a cargo del Contador (Julio) Del Val”.
Vallejos sostuvo que en su momento requirió esta intervención para “hacer las verificaciones y controles del caso”.
“Al momento que yo tuve conocimiento de este asunto, que fue con un decreto a la vista que ratificaba el convenio, advertí la necesidad de derogar el decreto para retrotraer el procedimiento administrativo y sujetarlo a normas de control más estrictas”, agregó, puesto que se observaban irregularidades.
La recomendación realizada fue tenida en cuenta por Cóccaro, y el convenio se derogó “a principios de julio de 2007. Yo me fui a los tres meses más o menos, y luego me enteré de que lo volvieron a ratificar a los fines de darle curso al asunto y dispusieron el pago mediante Letras. Eso creo que fue los dos o tres últimos días previos a la finalización del mandato”, apuntó.
“Yo no estaba de acuerdo, por eso mismo le pedí en primer lugar verbalmente al gobernador que lo derogue, y seguidamente lo hice formalmente mediante una nota debidamente registrada, mediante la cual le pedí en forma expresa que derogara el decreto y lo remitiera nuevamente al Ministerio de Economía. Acompañé en la oportunidad, para demostrar la decisión personal que había tomado, el decreto en original ya firmado por mí a los fines de que el gobernador acompañara el criterio. El gobernador, siguiendo lo que me había adelantado verbalmente, acompañó el criterio que le había propuesto y efectivamente derogó el decreto. Este decreto lleva la firma del gobernador, la mía que fue puesta inicialmente y tiene fecha 5 de julio de 2007”, precisó.
Lo que ocurrió después, no pudo decirlo. “No tuve más contacto con el expediente, y finalmente tomo conocimiento de que se había pagado en diciembre”, señaló.
Para Vallejos era necesario “hacer un control porque era una suma de dinero muy importante, se estaba haciendo reconocimiento de una provisión que se había hecho años atrás y el reconocimiento de deuda de una importante suma. Es de norma, por lo menos en mi caso, que cada vez que un expediente llegaba a la firma mirar si hay una erogación del Estado. Generalmente lo que se mira es si el Tribunal de Cuentas intervino, si está de acuerdo con el procedimiento cumplido y luego mirar si el procedimiento es correcto o no y corresponde la firma del decreto. Yo en este caso había advertido que no estaba en orden todo y había que retrotraer el procedimiento”, reiteró.
Ante la investigación que habría arrojado que nunca fue provisto el servicio que se pagó los elementos por los que se pagó, el Dr. Vallejos aclaró que nunca tuvo “oportunidad de meterme en el análisis de fondo, acerca de si la provisión se dio o no, sino simplemente me remití a las cuestiones formales. Esto le puse de relieve al gobernador, pidiendo la derogación, y éste acompañó el criterio”.

Responsabilidad compartida

“De lo que pasó después no me consta, como tampoco me consta la etapa posterior al 17 de diciembre”, agregó Vallejos en referencia a la fecha de asunción de Ríos al gobierno, “porque atendiéndonos a lo que conocemos por los medios, con posterioridad hubo una intervención de la gestión Ríos mediante una comisión de investigación, alguna intervención del Tribunal de Cuentas e inclusive habilitaciones de pago formalizadas por la gestión Ríos y materializadas por la gestión Ríos. Lo cual naturalmente también merece el ojo auditor del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía y de la propia Justicia, si es el caso”, analizó.
“Si es que se pagó, no entiendo cómo se compadece la conducta de quien denuncia, en este caso la gestión Ríos que denunció el hecho, y al mismo tiempo pagó. Es una conducta contradictoria que prima facie resulta inadmisible –calificó el abogado-. No sé si hay alguna razón por lo cual lo hizo, pero si no la hay, por lo menos hay una inconducta que tipificaría penalmente como un incumplimiento de los deberes de funcionario o algún tipo penal similar. O hay delito para todos, o no hay delito para nadie. No se puede investigar con un nombre y con el otro no”, concluyó Vallejos.

Fuente Provincia 23.

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